Ilusiones de la socialdemocracia de izquierda

 Al mismo tiempo, la primera solución que esboza para ello en los Cuadernos de la cárcel es radicalmente inviable: la simple ubicación de la «hegemonía» dentro de la sociedad civil, y la atribución de primacía a la sociedad civil sobre el estado. Esta ecuación corresponde, en efecto, muy exactamente a lo que puede llamarse en la izquierda una visión de sentido común de la democracia burguesa en Occidente –una visión ampliamente difundida en los círculos militantes de la socialdemocracia desde la Segunda Guerra Mundial. Para esta concepción, el estado en Occidente no es una maquinaria violenta de represión policíaca como lo fue en la Rusia zarista: las masas tienen acceso a él a través de elecciones democráticas regulares que permiten formalmente la posibilidad de un gobierno socialista. Pero la experiencia muestra que estas elecciones nunca producen un gobierno dedicado a la expropiación del capital y a la realización del socialismo. Tras cincuenta años desde la llegada del sufragio universal, tal fenómeno parece mucho más lejano que nunca. ¿Cuál es la razón para esta paradoja? Reside en el condicionamiento ideológico previo del proletariado antes del momento electoral como tal. El lugar central del poder debe buscarse, por lo tanto, dentro de la sociedad civil –sobre todo, en el control capitalista de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, ediciones), basado en el control de los medios de producción (propiedad privada). En una variante más sofisticada, la verdadera inculcación de la aceptación voluntaria del capitalismo se da, no tanto a través del adoctrinamiento ideológico de los medios de comunicación, como de la difusión invisible del fetichismo de la mercancía a través del mercado o las costumbres instintivas de sumisión inducidas por el trabajo rutinario de las fábricas y oficinas –en otras palabras, directamente dentro del ámbito de los mismos medios de producción. Pero aunque se dé el énfasis principal al efecto de los aparatos cultural y económico, la conclusión analítica es la misma. Es el nexo estratégico de la sociedad civil el que se piensa que mantiene la hegemonía capitalista dentro de una democracia política, cuyas instituciones estatales no excluyen o reprimen directamente a las masas. El sistema se mantiene por consentimiento, no por coerción. Por lo tanto, la principal tarea de los militantes socialistas no es combatir contra un estado armado, sino la conversión ideológica de la clase obrera para liberarla de la sumisión a los engaños capitalistas.

Este síndrome característico de la socialdemocracia de izquierda contiene numerosas ilusiones. El primero y más inmediato de sus errores es precisamente creer que el poder ideológico de la burguesía en las formaciones sociales occidentales se ejerce, ante todo, en la esfera de la sociedad civil, cuya hegemonía sobre aquélla neutraliza posteriormente el potencial democrático del estado representativo. La clase obrera tiene acceso al estado (elecciones al parlamento), pero no lo emplea para alcanzar el socialismo a causa de su adoctrinamiento a través de los medios de comunicación. De hecho, puede decirse que la verdad es precisamente la inversa: la forma general del estado representativo –democracia burguesa– es en si misma el principal cerrojo ideológico del capitalismo occidental, cuya existencia misma despoja a la clase obrera de la idea del socialismo como un tipo diferente de estado, y, con posterioridad, los medios de comunicación y otros mecanismos de control cultural afianzan este «efecto» ideológico central. Las relaciones capitalistas de producción colocan a hombres y mujeres en diferentes clases sociales, definidas por su acceso diferencial a los medios de producción. Estas divisiones de clase son la realidad esencial del contrato salarial entre personas jurídicamente iguales y libres, que es la señal distintiva de este modo de producción. Los órdenes político y económico están, de este modo, formalmente separados bajo el capitalismo. Así pues, el estado burgués «representa» por definición a la totalidad de la población, abstraída de su distribución en clases sociales, como ciudadanos individuales e iguales. En otras palabras, presenta a hombres y mujeres sus posiciones desiguales en la sociedad civil como si fuesen iguales en el estado. El parlamento, elegido cada cuatro o cinco años como la expresión soberana de la voluntad popular, refleja ante las masas la unidad ficticia de la nación como si fuera su propio autogobierno. Las divisiones económicas en el seno de la «ciudadanía» se enmascaran mediante la igualdad jurídica entre explotadores y explotados, y, con ella, la completa separación y no participación de las masas en la labor del parlamento. Esta separación es, pues, constantemente presentada y representada ante las masas como la encarnación última de la libertad: la «democracia» como el punto final de la historia. La existencia del estado parlamentario constituye así el marco formal de todos los demás mecanismos ideológicos de la clase dominante. Proporciona el código general en que se transmite todo mensaje específico a cualquier lugar. El código es tanto más poderoso cuanto que los derechos jurídicos de los ciudadanos no son un simple espejismo: por el contrario, las libertades cívicas y los sufragios de la democracia burguesa son una realidad tangible, cuya consecución fue históricamente, en parte, obra del movimiento obrero mismo, y cuya pérdida sería una derrota momentánea para la clase obrera.

En comparación, las mejoras económicas conquistadas mediante reformas dentro del marco del estado representativo –aparentemente más materiales– han dejado de modo característico menos huella ideológica en las masas de Occidente. El ascenso constante del nivel de vida de la clase obrera durante veinticinco años, tras la Segunda Guerra Mundial, en los principales países imperialistas, ha sido un elemento crítico en la estabilidad política del capitalismo metropolitano. Pero el componente material del consentimiento popular hacia él, tema de polémicas tradicionales sobre las consecuencias del reformismo, es intrínsecamente inestable y pasajero, puesto que tiende a crear una progresión constante de expectativas que ninguna economía capitalista nacional puede asegurar en su totalidad, incluso durante largas oleadas de boom internacional, y menos aún en las fases de recesión; su verdadero «dinamismo» es, de este modo, potencialmente desestabilizador y puede provocar crisis cuando el crecimiento fluctúa o se estanca. Por contraste, el componente jurídico-político del consenso inducido por el estado parlamentario es mucho más estable; la constitución política capitalista no está sometida a las mismas vicisitudes coyunturales. Las ocasiones históricas en que ha sido activamente cuestionado por las luchas de la clase obrera han sido infinitamente menores en Occidente. En otras palabras, la ideología de la democracia burguesa es mucho más potente que la de cualquier reformismo del bienestar, y constituye la sintaxis permanente del consenso inculcado por el estado capitalista.

Puede verse ahora por qué la fórmula primitiva de Gramsci estaba equivocada. Es imposible separar las funciones ideológicas del poder de clase burgués entre la sociedad civil y el estado, en la forma en que inicialmente pretendió hacerlo. La forma fundamental «del estado parlamentario Occidental –la suma jurídica de sus ciudadanos –es ella misma el eje de los aparatos ideológicos del capitalismo. Los complejos ramificados de los sistemas de control cultural en el seno de la sociedad civil –radio, televisión, cine, iglesias, periódicos, partidos políticos– juegan, indudablemente un papel complementario decisivo en garantizar la estabilidad del régimen clasista del capital. También juegan el mismo papel, por supuesto, el prisma deformador de las relaciones de mercado y la estructura obnubiladora del proceso de trabajo dentro de la economía. La importancia de estos sistemas no debe ser ciertamente subestimada. Pero tampoco se debe exagerar ni, sobre todo, contraponer al papel cultural-ideológico del estado mismo.

Fragment de Las antinomias de Antonio Gramsci de Perry Anderson. Ed. Fontarama. pàg. 50-55.